Columna publicada el 10.10.2016 en el diario chileno El Desconcierto http://www.eldesconcierto.cl/debates-y-combates/2016/10/10/en-colombia-no-se-voto-contra-la-paz/
Tras más de medio siglo de guerra interna, una lectura superficial del plebiscito recientemente celebrado en Colombia puede llevarnos a entender que una sociedad aquejada de una grave patología social votó a favor de que sean las armas las que sigan hablando; que los colombianos prefieren seguir con una guerra interminable, con un empate catastrófico a varias bandas en las que ni el Estado es capaz de imponer su ley, ni los insurgentes alcanzan a derrotarlo.
El sorprendente resultado de una consulta que se había diseñado para ser el broche de oro a un proceso que concitó la atención mundial, -el cual congregó en su cinematográfica secuencia final a una impresionante nómina de mandatarios, exmandatarios y personajes muy principales del escenario político planetario- desmintió una vez más todas las prospecciones demoscópicas y destrozó la ilusión de un consenso que se suponía muy mayoritario en favor de refrendar los acuerdos alcanzados en La Habana, tras cuatro años de negociaciones entre los representantes del Gobierno colombiano y los de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo [FARC-EP]. Cuando parecía seguro que los colombianos cerrarían una larguísima etapa de violencia política, tras cincuenta y dos años de guerra, el resultado arrojó un ajustadísimo 49.79 de partidarios de aceptar lo acordado en La Habana, contra un 50.21 de contrarios a hacerlo.
Aunque el 20 de julio de 1964 se suele tomar como bueno para fechar la fundación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, por la construcción de su antecedente inmediato el llamado Bloque Sur, algunos especialistas se remontan al año 1948, cuando en el contexto que provocó el asesinato del líder del Partido Liberal y candidato a la presidencia Jorge Eliécer Gaitán se produjo la creación del grupo de autodefensa, mayoritariamente de origen campesino, por parte de su líder histórico Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda Tirofijo, que luego daría paso a la guerrilla organizada como brazo armado del Partido Comunista colombiano el 5 de mayo de 1966 .
En la escalada de violencia de las FARC-EP durante los años noventa, parece haber un impasse provocado por la aprobación del llamado “Plan Colombia”, acordado por el presidente Andrés Pastrana y el presidente estadounidense Bill Clinton. Los Estados Unidos transfirieron miles de millones de dólares para desarrollar una acción concertada contra las organizaciones guerrilleras y, paralelamente, contra los cárteles del narcotráfico, entre los que la línea de separación era ya entonces cada vez más tenue. También se estableció la creación de una zona desmilitarizada en San Vicente del Caguán, de más de cuarenta mil kilómetros cuadrados, que estuvo vigente hasta el secuestro del senador Gechen Turbay, en febrero de 2002.
Además, a mediados de los años noventa, los sesenta y un grupos armados de las FARC-EP tenían influencia en el poder local de más de la mitad de los municipios existentes. Esta percepción de la existencia de un Estado dentro de otro fue probablemente lo más perjudicial para la zona de distensión creada por el aludido “Plan Colombia”. Sobre todo, porque habilitó legalmente aquel extenso territorio para campo de entrenamiento, concentración de secuestrados, laboratorios para la producción de coca, asesinatos y expulsión de las autoridades legales. Que las FARC-EP adoptaran una actitud intransigente, unida a un irrespirable clima de violencia generalizada hizo que muchos colombianos perdieran la esperanza en las negociaciones de paz, lo que ayudó al desprestigio de los actores en pugna y –en 2002- a hacer presidente de la República al disidente del Partido Liberal Álvaro Uribe.
El “Plan de Seguridad Democrática”, desplegado por el nuevo presidente, pasó por fortalecer los órganos de seguridad a través del territorio y por la incorporación beligerante de la sociedad colombiana. En esa línea incluyó redes de cooperantes y recompensas a informantes, así como estímulos las deserciones en el mundo guerrillero, la creación de unidades de soldados campesinos, ejecutando un sustancial aumento del presupuesto de defensa del país. A diferencia de sus antecesores, Uribe consideraba que en Colombia no existía un conflicto político en formato de lucha armada, sino un problema de carácter terrorista causado por las guerrillas.
Amnistía Internacional ha mantenido tradicionalmente la tesis de que todas las partes en combate han ignorado el respeto a los derechos humanos. AI ha llamado la atención de las autoridades colombianas, en cuanto a su responsabilidad histórica y actual en las causas del conflicto. Además, en una serie de informes relativos a la intimidación de los activistas de derechos humanos, los periodistas y los candidatos a las elecciones, así como la violencia sexual de la que son objeto las mujeres en el marco del enfrentamiento armado, ha insistido en que las verdaderas víctimas se encuentran en la población civil. Ideas éstas también presentes en los informes de Human Rights Watch y en los de la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por violaciones al derecho internacional humanitario, reclutamiento de menores, actos de violencia sexual, desapariciones forzadas, secuestro de civiles [que incluye los llamados falsos positivos a cargo del Ejército], trato inhumano de rehenes y desplazamientos forzados.
¿Cómo entender que los colombianos han votado en contra de acabar con esta situación gangrenada por décadas de conflicto armado? Una guerra en la que han interactuado el Ejército colombiano, los diversos grupos guerrilleros [entre otros las FARC-EP, el M-19 y el ELN, todavía activo este último], los paramilitares de las AUC [Autodefensas Unidas de Colombia], y los miles de pistoleros y sicarios de los cárteles de la droga [como el de Medellín, el de Cali, y otros].
Lo primero que se puede decir para responder a la pregunta anterior es que votar, lo que se dice votar, los colombianos votan tradicionalmente poco y el plebiscito no ha roto la costumbre. Sólo el 37.44 de los que tenían derecho a voto lo ejercieron, es decir que de los casi 35 millones de censados dentro y fuera del país, escasos trece millones se acercaron a las urnas, mientras que más de 21 millones no lo hicieron. Descontando los problemas que los expertos aducen respecto a los déficits del censo, y los derivados de una climatología adversa en partes del país por el huracán Mathew, algunas explicaciones más exige el absentismo político de tantísima gente.
Carlos Malamud ha apuntado una elevada insatisfacción ante los acuerdos alcanzados, tanto porque se ha extendido la idea de que la violencia secular ejercida por las FARC-EP iba a quedar impune, como por la instrumentación interesada que han realizado el expresidente Uribe y su partido, desde la oposición más radical. Efectivamente, Álvaro Uribe ha conseguido golpear duramente a su contrincante, el actual presidente Juan Manuel Santos, convirtiendo –en parte al menos- el plebiscito en unas primarias de las elecciones presidenciales de 2018. Uribe explotó el fantasma del castro-chavismo y de la probable instauración de una dictadura bolivariana en caso de victoria del Sí. De hecho, como ha reconocido el gerente de la Campaña del NO, Juan Carlos Vélez, apenas se apeló a que los votantes se posicionaran sobre lo acordado en Cuba, sino que, en realidad, la estrategia de Uribe y los suyos fue apelar a la indignación ciudadana. Ésta fue, lisa y llanamente, la estrategia de la campaña que terminó con el triunfo del No. Textualmente, Vélez -quien por el escándalo que se organizó ha tenido que dimitir como miembro del partido de Uribe y ha ofrecido unas disculpas humillantes- había declarado: “La profundización de esta campaña fue mandar el mensaje direccionado para ‘sacar la piedra de los electores’, por estrato y ubicación geográfica. En emisoras de estratos medios y altos nos basamos en la no impunidad, la elegibilidad y la reforma tributaria, mientras en las emisoras de estratos bajos nos enfocamos en subsidios”.
Ahora que el resultado de las urnas no ha sido el esperado por los firmantes del acuerdo de La Habana, el que aseguraban los sondeos, ahora es cuando se ha establecido un diálogo, incluso una incipiente negociación entre los actores políticos actuales, gobierno y oposición; es decir, entre Santos y Uribe. Puede pensarse que una letal mezcla de miopía y egoísmo, en un contexto en el que ni los unos ni los otros tenían la paz como objetivo central, sino que pretendían sacar importantes réditos políticos de la situación, está detrás tanto del resultado concreto de la consulta como de la baja participación.
No obstante, tras esa incomprensible falta de previsión -que revela en última instancia la debilidad de los liderazgos y la carencia de sentido de Estado- han surgido voces que quieren ver luz en el túnel derrumbado. El gobierno de Santos –ahora reforzado por la obtención del Nobel de la Paz- trata de recuperar la centralidad sobre el escenario, y lo hará buscando el apoyo del Congreso en el que goza de mayoría; mientras que la oposición liderada por Uribe ha de saber gestionar su éxito sin adjudicarse la paternidad exclusiva del NO y sin que nadie pueda pensar que está en contra del fin de la violencia. El Estado Mayor de las FARC-EP, a su vez, no puede desmentir su publicitada e inequívoca apuesta por la paz, entre otras cosas porque es mucho lo que pusieron sobre la mesa de las negociaciones y ahora, sencillamente, no pueden revertir militarmente los pasos dados en favor del fin de la confrontación armada. Así pues, parece que todos habrán de hacer de la necesidad virtud.
Son muchos los analistas que han conectado el resultado del plebiscito colombiano con el Brexit reciente, incluso para refutar una supuesta anomalía colombiana, la del inexplicable y aparente voto contra la paz. No parece que más allá del fallo de los sondeos [algo bastante frecuente últimamente] y de las inclemencias meteorológicas, se puedan establecer más conexiones.
Eso no significa que Colombia sea otro planeta. Al contrario. Quizá lo que ha ocurrido en aquel país sudamericano tenga que ver con otra realidad política bastante extendida en Occidente: la de trasladar a la ciudadanía la responsabilidad de pronunciarse sobre asuntos de extrema complejidad sobre los cuales quienes debieran de decidir –asumiendo todas las responsabilidades que de ello se derivaran- serían los representantes elegidos por esa ciudadanía para analizar, discutir y pactar hasta conseguir los acuerdos que gocen de las más altas dosis de consenso entre los ciudadanos. Fracasada la vía de una irresponsable e imposible democracia directa, habrá de retomarse la de la a veces denostada democracia representativa, haciendo trabajar las instituciones, singularmente el Congreso.
Quizá una buena parte de los colombianos que votó NO y, todavía más, muchos de los que no votaron, expresaron su disconformidad con unos líderes partidarios que no han estado a la altura de lo que el país necesita, y que además de utilizarlos en sus particulares luchas de poder, no han hecho sino trasladar a los ciudadanos una buena parte de las responsabilidades que ellos debieran de haber asumido y desarrollado antes, mucho antes de convocar a la gente a las urnas.
La senadora liberal Sofía Gaviria, antes cuestionada por sus opiniones críticas sobre las negociaciones de La Habana, ha concitado amplios apoyos a una idea superadora de los antagonismos que cristalizaron en el plebiscito: “Hay que pasar la página de los comités y de los partidos por el Sí o por el No, unirnos todos y actuar con grandeza. Es necesario que cesen los discursos en clave política [partidaria], con miras a las elecciones del 2018, y que los dirigentes obren más allá de los intereses particulares”.
