Nuestro compañero de clase, el Dr. Néstor Hernando Parra, nos ha hace llegar
un link a un DSV sobre la violencia institucional en Colombia, a propósito de la desviación del río Magdalena por razones de interés comercial. La problemática suscitada conecta claramente con lo que estamos tratando en clase estas últimas semanas, en relación con los Derechos Humanos. A petición mía, el Dr. Parra ha tenido la gentileza de redactar un breve texto que no sólo nos introduce al DSV, sino que nos ofrece una lúcida reflexión sobre la calidad de la democracia. A continuación el texto.
NO A LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA
Así como que en muchos de los países de América Latina, Colombia –el que más-, durante el último medio siglo, ha venido pasando por un proceso cruento signado por la violencia. Simultáneamente, ha procurado mantenerse como un Estado democrático, aunque sin mayor preocupación por la calidad de la democracia. Parecería que se juega a las apariencias, a las formalidades, a los ritos electorales y poco más.
En ese thriller colectivo en el que no se vislumbra el final, vienen interviniendo grupos guerrilleros, contingentes paramilitares, camuflados narcotraficantes, deseosos delincuentes comunes tácticamente organizados, y, por supuesto, las fuerzas legítimas del Estado. En medio de todo ese mortífero fragor, los ciudadanos.
En ese prolongado doble actuar de violencia y civilidad, de fuerza y ley, de imposición y respeto, de represión y consenso, de sojuzgamiento y aceptación, parecería que en procura de alcanzar gobernanza se ha ido forjando un tipo de democracia militarizada. Ya no tanto como fruto directo de circunstancias y políticas producto de la guerra fría o del concepto de seguridad interior para enfrentar al enemigo interno o de lucha contra el internacionalmente rentable negocio de los narcóticos, cuanto en la búsqueda de eficiencia -en el sentido económico-, de obtener resultados, de ganar tiempo, sin importar las secuelas sociales, la vigencia de los derechos humanos. Las vías de la civilidad, del respeto al ciudadano, del consenso, de la aceptación mediante el diálogo y el mutuo acuerdo resultan dispendiosas, prolongadas en el tiempo, en últimas, ineficientes.
El juego a la violencia, la imposición, la represión, el sojuzgamiento se supone que tiene que ser contestado con más violencia. Pero hoy, en épocas de globalización de las comunicaciones, la violencia puede ser respondida, mejor que nunca antes, aplicando la mejor filosofía política del débil frente al poderoso: la no-violencia capaz de generar solidaridad entre los diferentes estamentos de la sociedad.
La denuncia al mundo, gracias a los medios instantáneos y libres de peajes de la Internet, pone en evidencia el atropello, el desmán, el abuso, el exceso en el empleo de la “fuerza legítima” del Estado para imponer a las comunidades pobres sus decisiones que, por justificadas económicamente que sean, no lo exoneran de la obligación de respetar a todos sus gobernados procurando, como lo ordena la moral de lo justo, el mayor bien al mayor número, pero con prevalencia de los más desfavorecidos, los trabajadores, los campesinos, los que se ganan la vida pescando y “miniando”. Porque, no hay que olvidarlo, la democracia es un sistema político que persigue un gran fin moral: la convivencia pacífica y civilizada y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. Y ese fin no se alcanza mediante la violencia ejercida desde las instituciones.
Néstor Hernando Parra
Valencia, febrero 26 de 2012
